Gente de a pie

Entrevista hecha por Roberto Giusti en el diario El Universal. Domingo 12 de julio de 2009

La arremetida contra los medios de comunicación privados, ahora enfocada en la radiodifusión, es una medida impopular que va a generar rechazo y tendrá consecuencia políticas, según advierte Carlos Correa, Director Ejecutivo de la ONG Espacio Público e investigador de la Universidad Católica. Correa analiza los anuncios hechos por el ministro Diosdado Cabello como un elemento que forma parte de una estrategia global (ley de delitos mediáticos, electoral, de educación) y señala la debilidad jurídica de las normas anunciadas contra los radiodifusores:”el presidente dijo que era un tema de renovación de permisos, como si las víctimas, en este caso los radiodifusores, fueran los victimarios porque estarían operando una serie de frecuencias sin permiso y eso no es cierto. Casi todas las emisoras tienen reconocimiento jurídico e incluso pagan impuestos.

-La acusación más seria es que en el país existe un latifundio radioeléctrico.

-Si eso es así que apliquen la ley de telecomunicaciones, según la cual una sola persona no puede ser propietaria de más del diez por ciento del espectro.De manera que todo esto no responde a una artimaña de carácter legal, sino a una estrategia política asociada a la intención de vulnerar la libertad de expresión. Por eso es importante que las propias radios expliquen a sus audiencias la naturaleza del problema, pues así podrán tener una mayor conciencia de lo que se persigue.

-¿Cuál es el status de las 240 radios y de los 45 canales de televisión comprendidos en los anuncios de Cabello?

-Todavía no sabemos cuáles son las estaciones que están siendo afectadas. Eso genera mucho nivel de incertidumbre y limita las posibilidades de que la gente se organice y pueda actuar. Frente a eso ya estamos informando a las instancias internacionales por qué no se trata de un intento de regulación legítimo sino un mecanismo para vulnerar las posibilidades de la libertad de expresión.

-¿Cuando se pretende intervenir en las cableras se estaría afectando las transmisiones de los canales fuera de la jurisdicción del estado venezolano? ¿Tendrían estos canales que transmitir las cadenas presidenciales?

-En el documento en consulta, conocido el pasado viernes, se plantea obligaciones a los canales con un porcentaje de producción nacional. Y esto tiene nombre y apellido: RCTV Internacional y Venevisión Internacional. Quizás esta última tenga un mayor volumen de producción en los EEUU, pero la producción de RCTV es, casi toda, de carácter nacional. El propósito es que estos canales transmitan las cadenas e incorporen a los productores independientes. Pero la cadena es una restricción ilegítima a la libertad de expresión porque obliga a todo el espectro radioeléctrico a transmitir un mensaje único. Así se censura la diversidad de mensajes. En toda América Latina no hay cadenas de la naturaleza y con la frecuencia registradas en Venezuela.

Siga leyendo la entrevista en la web de El Universal.

Carlos Correa es director de la ONG Espacio Público. Es el profesor de ética en el programa de formación de la Gente de a pie.
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